Pasado un mes desde el inicio del trabajo de la Constituyente, una de las principales discusiones en torno a la instalación y funcionamiento de la Convención Constitucional, ha sido su autonomía administrativa y financiera; garantías indisociables para el cumplimiento de sus fines en el desempeño de las tareas encomendadas el órgano constituyente.
Pues bien, precisamente, tanto la constitución del denominado Comité Externo de Asignaciones -entidad creado por la Ley N°21.200 de reforma constitucional que habilitó el proceso constituyente- y la discusión de su reglamentación como la creación de la denominada “Área de Administración, Finanzas y Transparencia de la Convención Constitucional” concentraron la atención del Pleno del día 3 de agosto.
Cabe recordar que, el artículo 134 de la Constitución vigente además de contemplar una retribución mensual para las y los convencionales constituyentes, establece que cada convencional recibirá una asignación que establezca el Reglamento de la Convención y que serán “administradas por un comité externo que determine el mismo Reglamento”. Entre los órganos internos que no han sido creados desde la instalación de la Convención, se encontraba el Comité Externo de Asignaciones. Por otro lado, parte del bloque normativo encargado de deslindar el ámbito de actuación de la Convención, comprende la regulación presupuestaria del órgano constituyente. Así, la Ley de Presupuestos del Sector Público, ley N°21.289, establece entre sus disposiciones para la decisión y ejecución del gasto del presupuesto la dictación o no del Reglamento y la instalación de otros órganos internos en la Convención.
En síntesis, el mecanismo presupuestario opera de la siguiente manera. Tratándose de aquellos gastos que irroguen la contratación de personal o la adquisición de bienes o servicios, ante la ausencia de uno o más cuerpos reglamentarios, basta con la sola solicitud del Presidente (a) de la Convención Constitucional para que se puedan ejecutar esos gastos. A su vez, una vez dictado el reglamento, dicha decisión podrá adoptarse por el órgano que la normativa reglamentaria determine, sin perjuicio de las atribuciones de la Unidad de Secretaria Administrativa de la Convencional Constitucional (entidad dependiente del Ministerio Secretaria General de la Presidencia), para gestionar las compras y suscribir contratos. Ahora bien, en el caso de los recursos destinados a transferencias corrientes, tanto la reasignación dentro del subtitulo, como la determinación y distribución de las asignaciones (que incluye asesores) de los convencionales constituyentes, dependen de la dictación de uno o más cuerpos reglamentarios, que establezcan la forma en que se adoptará el acuerdo para la modificación del gasto y el modo en que se distribuirán los recursos, los cuales serán administrados por un Comité Externo de Asignaciones, que igualmente deberá encontrarse regulado en el reglamento.
En concepto de la coordinación de la Comisión de Presupuesto y Administración Interior mientras no se obtuviera la aprobación de una norma reglamentaria y se crearan los órganos internos encargados de administrar y determinar los gastos de la Convención, esos recursos permanecerían sin ejecutar y apozados en el Presupuesto Nacional[1].
De este modo, durante la sesión del lunes 2 de agosto la Comisión de Presupuesto y Administración Interior dedicó su trabajo a revisar la propuesta de normas reglamentarias para la creación del Comité Externo de Asignaciones y el Área de administración y transparencia de la Convención Constitucional, así como las indicaciones formuladas por los integrantes de la Comisión[2]. La propuesta de la coordinación buscaba, precisamente, atender tanto a la exigencia constitucional como legal de contar con ambos órganos internos para ejecutar los recursos establecidos en los respectivos ítems presupuestarios y resolver una necesidad que se venia demostrando cada vez más urgente.
En ese sentido, la Comisión Presupuesto y Administración Interior acordó entregar al Pleno de la Convención Constitucional una regulación definitiva sobre la administración financiera y presupuestaria de la Convención, incluyendo lo relativo a las asignaciones. Para ello, la coordinación propuso a la Comisión, separar la discusión y votación de la propuesta, destinando la jornada para abordar las normas reglamentarias sobre el Comité Externo de Asignaciones y los relativo a la unidad administrativa y financiera del órgano constituyente[3] —debido a la urgencia del tema— de modo de realizar una propuesta en el Pleno del día siguiente (3 de agosto), para con posterioridad discutir sobre los montos y la distribución de las asignaciones de los convencionales constituyentes. Con la votación de la mayoría de la Comisión se aprobó la propuesta de la Comisión y se procedió a tratar por separado tanto la creación de los órganos internos respecto del tema de las asignaciones, votándose favorablemente la totalidad de los artículos de la reglamentación definitiva.
Durante el Pleno del día 3 de agosto, se informo a los convencionales constituyentes la propuesta de la Mesa Directiva para conformar el Comité Externo de Asignaciones, siendo aprobada por 128 a favor, 25 en contra y 1 abstención. Los integrantes del Comité corresponden a funcionarios públicos de la Contraloría General de la República, Consejo de la Transparencia, Tesorería General de la República, del H. Senado de la República, de la H. Cámara de Diputadas y Diputados y un representante de los pueblos indígenas[4].
Luego, en la misma sesión se sometió a votación la propuesta de reglamento destinado a la creación del Comité Externo de Asignaciones y el Área de administración, finanzas y transparencia de la Convención Constitucional cuyo texto fue aprobado por 154 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones, recibiendo el apoyo transversal de la Convención.
El texto definitivo del “Reglamento del Comité Externo de Asignaciones y de la Dirección de Administración, Finanzas y Transparencia de la Convención Constitucional” se puede consultar en el siguiente link: https://bit.ly/3jI782K.
En la misma sesión, se sancionó además la propuesta de la Comisión de Ética de la Convención Constitucional consistente en la aplicación de las normas del Reglamento de la H. Cámara de Diputados y Diputadas a las faltas a la ética, probidad y transparencia de las y los convencionales constituyentes. Tal como lo aclaró el coordinador de la Comisión de Ética, el convencional constituyente, don Marcos Barraza, en cuanto a la vigencia temporal de la regulación, sus normas sólo resultaban aplicables a las denuncias de hechos acaecidos entre la fecha de aprobación de este régimen transitorio y la entrada en vigor Reglamento de Ética definitivo[5]. La propuesta realizada por la Comisión de Ética fue aprobada 154 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones.
Por último, en la sesión del 3 de agosto, tanto la Mesa Directiva como las distintas coordinaciones de las Comisiones, informaron al Pleno de la Convención Constitucional el trabajo realizado durante el último mes. Por parte de la Mesa, su presidenta Elisa Loncón, junto con destacar la etapa de instalación y el trabajo colaborativo entre los convencionales constituyentes y la Mesa, resaltó la creación de confianza entre todos sus integrantes y la progresiva instalación de nuevos paradigmas como la paridad, la interculturalidad, el diálogo honesto y el sentimiento de amor entre los convencionales para poder trabajar[6]. Asimismo, señalo que en este mes de instalación el órgano constituyente ha desarrollado 13 sesiones, 115 votaciones, 230 horas de trabajo sólo en lo que respecta al trabajo en el Pleno, más de 36 sesiones de Comisiones y Subcomisiones, se han aprobado 6 documentos para el funcionamiento de la Convención, 8 Comisiones provisorias y la ampliación de la Mesa. Por su parte, el vicepresidente Jaime Bassa, resaltó el trabajo y las relaciones con otras instituciones públicas, así como sus aportes, los cuales habrían resultado fundamentales para el funcionamiento de la Convención, con el objetivo de dotar de la mayor institucionalidad posible al órgano constituyente[7].
Posteriormente, las coordinaciones de las Comisiones de Reglamento, de Presupuestos y Administración Interior, de Ética, de Derechos Humanos, de Comunicaciones, Información y Transparencia, de Participación y Consulta Indígena, de Participación Popular y Equidad Territorial y de Descentralización, Equidad y Justicia Territorial hicieron sus presentaciones y la síntesis del trabajo realizado en sus semanas de funcionamiento, destacando la dictación de normas básicas de funcionamiento en cada Comisión, la creación de subcomisiones, el llamado a audiencias públicas y la exposición de personas naturales, la academia y de la sociedad civil y el avance de sus respectivos cronogramas.
Durante la jornada de la tarde del día 3 de agosto, las Comisiones de Reglamento y Ética, continuaron con la recepción de invitados, llevaron a cabo las audiencias públicas ya programadas. Por su parte, la Comisión de Participación y Consulta Indígena prosiguió con la discusión de sus reglas mínimas de funcionamiento y la Comisión Participación Popular y Equidad Territorial abordó la regulación las reglas básicas para el llamado de audiencias públicas. En cuanto a la Comisión de Comunicaciones, se recibió a los voceros y voceras de la prensa acreditada ante la Convención Constitucional y la situación de los medios con que cuenta la Convención. Finalmente, en la Comisión de Derechos Humanos se llevó a cabo una exposición académica relativa al marco conceptual sobre derechos humanos.
Tal como lo anunció el Gobierno en la subcomisión de Presupuestos y Administración Interior, el miércoles 4 de agosto se entregó a la Mesa de la Convención un informe sobre los gastos de la Convención Constitucional, el cual fue difundido profusamente por la prensa[8]. Entre sus contenidos, se detallarían supuestos servicios especiales de alimentación y movilización requeridos por la Mesa a la Unidad Secretaria Administrativa de la Convención Constitucional (entidad dependiente del Gobierno), acompañando antecedentes que acreditarían las solicitudes[9]. A esto se sumaron las declaraciones del Subsecretario del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, señor Max Pávez, en la sesión del martes 3 de agosto en la Subcomisión de Presupuesto y Administración Interior, al considerar injustificada la afirmación de que se habría creado un servicio público de cero —afirmación opuesta a la opinión de la Mesa y de la mayoría de los convencionales— recalcando que el gobierno se encontraba hace mucho tiempo trabajando en la Convención[10].
Tanto la información entregada, como su difusión y las declaraciones del Subsecretario Pavéz fueron rápidamente rechazadas por la Mesa Directiva y duramente criticadas por Loncón y Bassa. El vicepresidente Bassa en una declaración a los medios el día 6 de agosto, aclaró que todos los servicios y bienes a disposición de la Convención, fueron previamente licitados por Gobierno y el gobierno los habría prorrogado. Asimismo, señaló que, al tomar conocimiento de los costos de algunos servicios, solicitaron su suspensión o derechamente fueron suprimidos recalcando que la ejecución del presupuesto depende del Gobierno. En cuanto a los servicios de alimentación y movilización, Bassa descartó cualquier solicitud especial o situación de privilegio, toda vez que el uso de estos correspondía a los servicios ya contratados por el Gobierno. Por su parte, la presidenta Loncón el mismo día 6 de agosto, respondió a la información y críticas respecto al alojamiento de la convencional constituyente Francisca Linconao, acusando un sesgo racista y clasista, en contra de una autoridad espiritual mapuche[11]. Luego de esta polémica, la Mesa llamó a “pasar la página” y a superar las tensiones entre el Gobierno y la Convención, para enfocarse en el trabajo de los convencionales y en el mandato de elaborar una nueva Constitución[12].
En paralelo a las tensiones con el Poder Ejecutivo, una de las sesiones más comentadas durante la jornada del 5 de agosto, fue la desarrollada en la Comisión de Presupuestos y Administración Interior, dedicada a discutir las asignaciones de los constituyentes y su distribución.
El debate se centró en la determinación de los montos y los ítems que comprenden cada asignación, así como en la necesidad de establecer una regulación reglamentaria que permita ejecutar los montos asignados en el Presupuesto de la Nación. Diversos grupos de convencionales constituyentes hicieron presente diversas propuestas, discrepando tanto en el guarismo como en el monto de “gastos operacionales” propuestos por la coordinación, en particular respecto de aquellos convencionales constituyentes de regiones que debían desplazarse en distritos de una gran extensión[13]. La ausencia de consenso obligó a la coordinación a reformular la propuesta, lo cual logró el apoyo de la mayoría de la Comisión por 11 votos a favor, 4 en contra y cero abstenciones.
Así, junto con los montos, fueron aprobadas las diversas disposiciones que componen el reglamento de asignaciones, cuyo texto será sometido a la discusión del Pleno el próximo martes 10 de agosto
En cuanto al trabajo de Comisiones, durante la jornada del día 6 de agosto, la Comisión de Reglamento realizó la última sesión de audiencias públicas, recibiendo las propuestas sobre participación popular en el proceso de elaboración de la nueva Constitución, finalizando el sábado 7 de agosto con las propuestas totales o parciales de las y los convencionales de Reglamento. La Comisión de Participación Popular y Equidad Territorial concretó la instalación de las subcomisiones para la elaboración de propuestas (N°1 Orgánica y normas de participación popular y equidad territorial, N°2 mecanismo, metodologías, sistematización de participación popular y equidad territorial, N°3 programa de educación popular constituyente y la N°4 de despliegue y vinculación territorial).
En las próximas semanas la búsqueda y consolidación de la autonomía financiera de la Convención seguirán determinando relación entre el órgano constituyente y el Gobierno, en particular, la obtención de los recursos suficientes para el desarrollo de sus tareas y el poder de decisión para su utilización. En lo inmediato, la Convención Constitucional avanza en la institucionalización en el uso y administración de los recursos con los cuales cuenta para el trabajo constituyente. Por su parte, el Gobierno queda desafiado a conducir una relación en la cual tiene una influencia decisiva y la responsabilidad de cumplir con el mandato constitucional de prestar el apoyo técnico, administrativo y financiero que sea necesario para el funcionamiento de la Convención.
[1] Radio Bio Bio, 27 de julio de 2021. “Convención busca vías para pagar asesorías de julio y agosto previo a creación del reglamento”. https://bit.ly/37pxDod.
[2] https://bit.ly/3AvyNuT. A partir del minuto: 29:06.
[3] https://bit.ly/3AvyNuT. A partir del minuto: 37:12.
[4] El detalle de la propuesta de la Mesa para la integración de la Comité Externo de Asignaciones se encuentra en la décimo tercera sesión de 3 de agosto de 2021, en la sección “Documentos sobre Tabla”: https://bit.ly/3jxcmyg.
[5] https://bit.ly/3iwx3v9. A partir del minuto: 2:29:22.
[6] https://bit.ly/3ApPtDW. A partir del minuto: 3:09:02.
[7] https://bit.ly/3ApPtDW. A partir del minuto: 3:16:07.
[8] El Mercurio, 4 de agosto de 2021, “Segpres entrega detalle de gastos de la Convención e incluye requerimientos de la Mesa que generaron controversia” https://bit.ly/3yzEkA0.
[9] El informe completo en el siguiente link: https://bit.ly/3jHRNiO. Asimismo, en La Tercera, 4 de agosto de 2021, “Informe de Segpres: se ha gastado el 38% del presupuesto total otorgado a la Convención Constitucional”. https://bit.ly/3CACiSD.
[10] https://bit.ly/3CBDsgm. A partir del minuto: 1:11:00.
[11] El Mercurio, 6 de agosto de 2021, “Bassa apunta a Segpres por servicios adicionales y Loncón acusa ‘sesgo clasista y racista’ por críticas a Linconao y su petición de apart hotel’ https://bit.ly/3jEwSx6. Para ver las declaraciones de la presidenta Loncón y el vicepresidente Bassa: https://bit.ly/3CyqxvH.
[12] La Tercera, 6 de agosto de 2021, “¿Nuevo trato gobierno-Convención? La cita en que Bassa y Ossa abordaron polémica por gastos y acordaron mejorar coordinación” https://bit.ly/3xC0BMf.
[13] La propuesta de la coordinación de la Comisión de Presupuesto y Administración Interior y el detalle de las indicaciones en el siguiente link: https://bit.ly/3iwSvQH.