Compartimos con ustedes la siguiente columna de la académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile Liliana Galdámez, publicada originalmente en el sitio web italiano Diritti Comparati (www.diritticomparati.it):
El plebiscito de salida del proceso constituyente chileno tuvo por resultado que el 61,86%% de los votantes rechazara el texto constitucional propuesto, mientras el apruebo obtuvo el 38,14% de las preferencias. Este último porcentaje se aproxima al 36,6 % con que en 1973 fue electo el presidente Salvador Allende. Hago la analogía porque, tratándose de procesos lejanos y diferenciados, se aproxima el porcentaje de población que apostó por un proceso de transformaciones, representado en este caso por la opción apruebo al texto.
Imposible analizar este proceso sin considerar algunos datos imprescindibles. Según el Servicio Electoral de Chile (SERVEL), en el plebiscito de entrada de 5 de octubre de 2020, que abre el proceso constituyente, el “78,27% de las preferencias fue para la opción Apruebo, mientras que el 21,73% por ciento fue para la opción Rechazo”. Se trató, además, de un proceso con una importante participación inicial y, pese a que no se implementó el voto obligatorio, siguiendo al SERVEL, “Estamos frente a la mayor votación de la historia de Chile desde el punto de vista de votación en votos absolutos, y además, rompimos la barrera que no se superaba desde el 2012 con voto voluntario, el 49,2% “.
Los resultados del plebiscito de entrada son fundamentales para que una buena parte de la convención interpretara a partir de este resultado la idea de un mandato transformador y discursivo del orden contenido en la constitución del 80. La propuesta de nueva Constitución fue escrita bajo la lógica de diseñar las transformaciones que los y las convencionales consideraron, representaba las aspiraciones de cambio de la mayoría de votantes del país.
Otro dato importante se refiere a la integración final de la convención. Según Hernández y Roque el 64% de los convencionales provenían del mundo independiente y el 36 % pertenecían a un partido político. Sectores de la derecha obtuvieron apenas 37 escaños y en cuanto las candidaturas independientes se debe destacar que, “presentaron propuestas políticas a favor de los derechos humanos, del feminismo y de la defensa del medio ambiente, y en contra del modelo neoliberal y la derecha oficialista, entre otras consignas”.
Los datos que acabo de mencionar fueron interpretados como legitimadores del deseo expresado de redactar una nueva Constitución y, en cuanto la conformación del órgano que redactó la propuesta, con paridad, escaños reservados para integrantes de pueblos indígenas y amplia participación de independientes, fueron entendidos como un mandato transformador profundo por tanto, el proyecto ideológico de los sectores de la derecha aparecían como derrotado desde el inicio.
En cuanto al texto, entre las propuestas que recogía se encuentra la cuestión ambiental de protección y conservación de la naturaleza; reconocimiento de la plurinacionalidad y un catálogo de derechos asociados, además de la participación de pueblos indígenas en la institucionalidad; Estado social y democrático de derechos; nueva forma de organización del Estado como uno regional; paridad y la igualdad sustantiva; nuevos estatutos para la minería, el agua y los bienes comunes; un amplio y detallado nuevo catálogo de derechos que incluía entre otros, los derechos de la naturaleza, el derecho a la verdad, igualdad de géneros, derechos de niños niñas y adolescentes, derechos de las personas con discapacidad, derechos de los privados de libertad, de las personas mayores, derechos colectivos de los pueblos indígenas, derecho a la salud y al bienestar integral, derecho a la seguridad social, derecho a la educación, al trabajo, derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia, de alimentación adecuada, saludable, suficiente, derechos sexuales y reproductivos que incluyen el placer y la interrupción voluntaria del embarazo, un parto y una maternidad voluntarios y protegidos, derecho al descanso y a disfrutar del tiempo libre. La propuesta contemplaba la creación de instituciones como la Defensoría del Pueblo, la Defensoría de la Naturaleza, la autonomía territorial indígena, un apartado sobre ruralidad; suprimía el Senado y creaba la Cámara de las Regiones; denominaba sistemas de justicia, transformando el tradicional poder judicial, creaba el Consejo de la Justicia, creaba la Agencia Nacional de Protección de Datos, transformaba el Tribunal Constitucional en una Corte Constitucional sin control preventivo de las leyes, creaba la Agencia Nacional del Agua.
Sobre los resultados del plebiscito y a propósito del rechazo, como afirma Mongabay, “En las comunas de Quintero y Puchuncaví, por ejemplo, una zona considerada de sacrificio por reconocerse devastada ambientalmente debido a la alta concentración industrial, el rechazo ganó por un 58 % versus 41 % y por un 57 % versus 42 %, respectivamente. En Petorca, un lugar ícono de la crisis por el agua, donde las personas viven apenas con 20 litros diarios, el rechazó ganó por un 56 % versus un 43 %”.
Es difícil dar razones para el triunfo del rechazo a una Constitución que apostó por la comprensión y protección de identidades de variada naturaleza y alcance. En este campo se ha especulado mucho en las últimas semanas y todo el compendio de razones está atravesado por las mismas causas para aprobar o rechazar. Antes del plebiscito, ninguna encuesta daba por ganador al apruebo al texto, pero se había extendido la duda sobre la veracidad y posibilidad de anticipación de las encuestas, teniendo en cuenta que el plebiscito de salida consideraba al voto obligatorio, que eventualmente implicaba movilizar al electorado joven, en teoría, más proclive a las grandes transformaciones. Existía confianza en el triunfo del apruebo, aunque por un margen menor al del plebiscito de entrada.
Las razones para el rechazo obedecen a distintos órdenes y campos. Uno que se ha explotado con intensidad es la idea de que el estallido social de octubre de 2019, que movilizó el proceso constituyente, fue superado en la práctica por una mayoría conservadora menos interesada en avanzar en todos los cambios que la propuesta contenía. Una de las primeras tesis sobre el resultado del proceso es que no existiría un apoyo político y del electorado consistente y mayoritario para grandes transformaciones. Lo que se buscaría es un cambio “moderado”, gradual. Esta hipótesis se proyecta hoy a la política. Otra respuesta debatida se refriere a las fake news, la difusión de ideas como que las personas podrían perder la propiedad de sus viviendas o que estas no podrían ser heredables, o que el país se dividiría a partir del reconocimiento de la plurinacionalidad y por el sistema de justicia, puesto que la propuesta reconocía el pluralismo jurídico. Tales noticias jugaban con el miedo y la incertidumbre.
En otro plano está la cuestión interna del trabajo de la convención y sus integrantes, acusaciones de diversa naturaleza, tensiones y debates a veces descalificadores. L ; la expresión de personas que tradicionalmente no accedieron a espacios de poder como el que se concentró en la convención, mundos subalternos que hablaban desde el descontento, desde el haber estado fuera del poder. Se ha hablado también de la falta de conocimiento y difusión de los contenidos e implicancias positivas de la propuesta para un país desigual, que experimenta un descontento persistente materializado en protestas y expresiones pacíficas y otras que no. Se dice también que la ciudadanía reprueba al gobierno y expresa su descontento con el rechazo.
Desde la perspectiva de la teoría constitucional, lo ocurrido reafirma ciertas ideas acerca de lo que es una constitución, de lo que es en cuanto dispositivo y maquinaria propia del derecho, sus técnicas, su sentido profundo. Sobre la constitución, no ha existido mayor debate en Chile respecto sus contenidos: derechos, división del poder, sistema de controles y contrapesos, principios. La propuesta contenía todo lo que una constitución puede contender, pero a eso se agregan, modelos ideales de sociedad. Gran confianza en el reconocimiento de los derechos. El capítulo II contaba con algo más de cien normas, con derechos clásicos y nuevos o incipientes. La amplitud de su reconocimiento resultó de un ejercicio de mayorías, una tensión entre avances sustantivos, la utopía y una perspectiva conservadora que desconfía del Estado. Estas posiciones no siempre llegaron a acuerdos finales sobre el contenido de las normas; de los 149 convencionales, 37 que pertenecían al colectivo “Chile vamos” plantearon las críticas al proceso, a su resultado, a las conductas de sus integrantes apelando a la desconfianza. No fue un ejercicio habitual discutir y mediar hasta conseguir que cada norma tuviera mayor integración y debate. Parecía que el mandato de la ciudadanía, por el amplio triunfo del apruebo en el plebiscito de entrada, fuera el de avanzar a grandes pasos, la perspectiva garantista contaba con legitimidad – esa era la sensación -, para plantear grandes cambios que el país demandaba. El catálogo de los derechos, – generoso y de avanzada – fue concebido como el triunfo del progresismo sobre el mundo conservador que quedaría superado por la legitimidad de los avances.
Sin embargo, los electores y las electoras votaron en contra de esos avances o la forma de ellos que quedó desdibujada bajo una mirada crítica. En este punto creo que la teoría constitucional puede aportar elementos para comprender. Porque los derechos son un futuro posible, realizable bajo supuestos económicos y políticos. También los derechos pueden ser legítimas aspiraciones concebidas como derechos, pero no aún como derechos fundamentales. Aunque este pragmatismo genere desconfianzas. Esas aspiraciones funcionan bien cuando promueven avances, pero son complejas cuando forman parte de un texto constitucional. Podemos tomar como ejemplo, el artículo 51 del proyecto, sobre el derecho a la vivienda.
Es en la estructura de los principios donde seguramente es más posible llegar a normas que puedan contener elementos con inclusión de las minorías, dejando al ejecutivo y al legislador su desarrollo. Abriendo posibilidades más que ordenando el cómo y cuándo. No es casualidad de que las constituciones contengan esos principios como acuerdo posible.
No existen ahora mismo verdades absolutas sobre lo ocurrido; errores, desinformación, mentiras, cansancio, contenidos complejos, miedos creados, un poco de todo. Esta propuesta de constitución, escrita como ninguna de nuestra historia, con presencia del mundo subalterno empoderado como nunca desde la dictadura, propuso al país una agenda de transformaciones, con 57 disposiciones transitorias para su implementación, que vino a estrellarse con un contundente rechazo. Es difícil no hacer analogía en estos días con lo ocurrido con la construcción de la vía chilena al socialismo (1970-1973). No parece discutible que existe un deseo histórico de transformar el orden conocido y abordar las persistentes desigualdades; la cuestión es cómo. Responder a la pregunta del cómo es el ensayo de la convención. Un intento por resolver en la constitución un conjunto de males y pesares, desafíos mayores en tiempos inciertos y complejos.
El proceso ha sido, al fin de cuentas, una discusión que ha centrado el interés del país desde el acuerdo del 15 de noviembre de 2019, que seguirá ahora hacia un tercer intento. Porque existe algo en el pacto básico de convivencia que no permite resolver cuestiones que ya no pueden ser postergadas. Es de esperar que este tercer intento permita otra discusión que no olvide los desafíos que requiere abordar la naturaleza y el ambiente, el agua, los pueblos indígenas, mujeres y diversidades, educación, salud y seguridad social. La búsqueda de una mejor sociedad en la forma del derecho es un desafío vivo, que difícilmente será abandonado. Es incierto el resultado de este tercer proceso, que actualmente se discute; será seguramente menos ambicioso, mucho menos extenso y menos vanguardista quizá. Pero es imposible que los grandes problemas que fueron abordados a lo largo del trabajo de la convención y del ensayo constitucional que se llevó a cabo en el gobierno de Michelle Bachalet desaparezcan sin más. Finalmente, es de esperar que el nuevo proceso sea diseñado a partir de la confianza en el futuro y la necesidad de una deliberación responsable que cierre intenso período sin cometer nuevamente el error de invocar el resultado del plebiscito para desdibujar el sentido mismo del proceso constituyente.
Véase texto original en: https://www.diritticomparati.it/el-rechazo-a-la-propuesta-constitucional-en-chile/